Casi 12 aos despus de desasistir el Palau de la Generalitat para poner rumbo al Ocupación de Trabajo en el Gobierno de Jos Mara Aznar, Eduardo Zaplana se sentar por primera vez en el banquillo de los acusados por el llamado caso Erial. Se tráfico del madurez del ao en Valencia, pues adyacente a l se sientan otras 14 personas -tambin otro ex presidente de la Generalitat como Jos Luis Olivas-, acusadas de cobrar comisiones ilegales por la adjudicacin de contratos pblicos cuando el ex poltico de Cartagena diriga el Consell.
El madurez, sin confiscación, podra aplazarse en la primera sesin, antiguamente incluso de que comience. Y ello porque el abogado de Zaplana, Daniel Campos, sufri recientemente un infarto y tuvo que ser operado de necesidad. El ex ministro, para el que la Fiscala Anticorrupcin pide 19 aos de crcel, no quiere dejar su defensa en manos de otro abogado.
El previsible nuevo retraso entrar tras aos de investigacin, que cristalizaron con la detencin de Zaplana en mayo de 2018. Fue el da que cay un poltico que en la Comunidad Valenciana se consideraba intocable, pero que ya no podra evitar estar en prisin provisional durante nueve meses. Las reiteradas solicitudes para su puesta en atrevimiento por la leucemia que padeca no hicieron grieta en la jueza que instrua el caso. Zaplana no pudo retornar a pisar la calle hasta febrero de 2019, una vez se hubo bloqueado 6,3 millones de euros en Suiza que la Fiscala le atribuye. Plata, en todo caso, que Zaplana alega que no es suyo pues no hay ninguna prueba que acredite su titularidad.
De hecho, a Zaplana se le acusa de ocultar una fortuna en el extranjero, procedente del cobro de sobornos y gracias a un entramado societario que supuestamente ayud a conformar su crculo de confianza para que su nombre no apareciera por ningn flanco. Este relato que sostiene la Fiscala siempre ha sido rechazado por el propio Zaplana que, tras conocer su escrito de acusacin en octubre de 2022, reiter su inocencia y lament la larga “instruccin inquisitorial”.
Adems de Zaplana y Olivas, en el banquillo de los acusados se sentarn su amigo y supuesto testaferro, Joaqun Barcel; el supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau; la que fuera secretaria del ex ministro, Mitsouko Florida Henrquez, y su ex patrón de salita, Juan Francisco Garca; o los empresarios Vicente y Jos Cotino, beneficiarios supuestamente de la adjudicacin de contratos pblicos.
Los concursos bajo sospecha tienen que ver con la privatizacin de la Inspeccin Tcnica de Vehculos (ITV) -su gestin pblica la recuper aos despus el antecedente gobierno de Ximo Puig– y la concesin de parques elicos en la Comunidad Valenciana. Zaplana, segn la Fiscala, no solo se concertaba con los empresarios, sino que se habra apreciado de la ayuda de sus amigos ntimos “a los que hizo partcipes de los beneficios obtenidos” como cuota a su colaboracin.
Fue as como habra conseguido borrar todo pista de su nombre en sociedades de Luxemburgo o Panam o en cuentas bancarias de Andorra y Suiza. Todo ese pasta es el que quiso despuntar a repatriar el ex ministro una vez dej la poltica activa en 2008. As lo cree el fiscal, para quien Zaplana “realiz los actos necesarios para ocultar el origen del patrimonio ilcitamente obtenido para su posterior disfrute a travs de sociedades y testaferros”.
Para ello tuvo tambin que contratar los servicios del abogado uruguayo Fernando Belhot, que hoy es el principal informante de la Fiscala tras confesar cul era la operativa para ocultar el pasta en el extranjero. Eso s, el propio Belhot roncha exculpado primero a Zaplana, pero tras un pacto inslito con la Fiscala pas de imputado a informante. Incluso no tendr que venir a Espaa para determinar, a pesar de que lleg a autoincriminarse por el jalbegue del pasta enojado.
Anticorrupcin calcula que la fortuna que logr acaparar durante aos la trama asciende a 20,6 millones de euros. Los 15 acusados sern juzgados por los delitos de prevaricacin, falsedad documental, cohecho, organizacin criminal y jalbegue de capitales. Pero de los testigos, la declaracin de Belhot no ser la nica relevante del madurez, pues estn llamados tambin a determinar desde el ex comisario Jos Manuel Villarejo a la sobrina del espa Francisco Paesa, Beatriz Garca Paesa, quien supuestamente cre sociedades en el paraso fiscal de Luxemburgo.
Ahora acertadamente, no hay que olvidar que Villarejo asegur en la comisin parlamentaria de la operacin Kitchen que fue el PSOE quien le orden “destruir a Zaplana” a travs de un confidente sirio del CNI. Aqu es donde entran en esparcimiento los llamados “papeles del sirio” que dieron origen a la investigacin. Se tráfico de los documentos que antesala este ciudadano que durante un tiempo vivi en un domicilio de Zaplana, y que para la Fiscala describen las operaciones aparentemente delictivas sobre las que se sostiene Erial.
El sirio entreg los papales al autodenominado yonki del pastaMarcos Benavent, en cuyo despacho los encontr aos despus la Protección Civil en el ámbito de la ‘operacin Taula’. De ah que anularlos como prueba sea uno de los objetivos de la defensa de Zaplana. No en vano, el propio Benavent -que hasta la aniversario roncha colaborado con la Fiscala en otras causas en calidad de supuesto arrepentido- asegur aos despus en una entrevista con EL MUNDO que todo fue un “montaje”, y que los famosos papeles “fueron intencionada y minuciosamente manipulados”.