El Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a amparar al ex diputado de Unidas Podemos (UP) Alberto Rodrguez, esta vez estimando el solicitud que present contra la decisin de la entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de retirarle el escao despus de que fuera condenado por el Tribunal Supremo (TS) por dar una patada a un polica durante una manifestacin celebrada en 2014 en Tenerife contra la ley Wert.
Segn las fuentes jurdicas consultadas por Europa Press, la mayora progresista -de 7 magistrados contra 4- ha avalado la ponencia redactada por Mara Luisa Balaguer, que abogaba por dar la razn a Rodrguez frente al acuerdo adoptivo el 22 de octubre de 2021 por Batet.
El esbozo de la sentencia razona que, una vez anulada la pena de prisin, mantenindose solamente la pena de multa, no era posible aplicar el artculo 6.2 a) de la Ley Orgnica de Rgimen Electoral Normal (LOREG), que provoc la prdida del escao.
Dicho precepto de la LOREG establece que “son inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena privativa de emancipación, en el perodo que dure la pena”.
Junto a rememorar que el Supremo conden a Rodrguez a la pena de prisin de 1 mes y 15 das como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad con la pena accesoria de inhabilitacin distinto para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
El stop tribunal, sin confiscación, sustituy la pena de prisin por una multa de 540 euros, si admisiblemente aclar que este reemplazo de la pena principal no afectaba a la pena accesoria, que fue la que finalmente dio circunscripción a que Rodrguez perdiera su asiento en el Congreso de los Diputados.
El pasado 16 de enero, el Tribunal Constitucional estim otro solicitud de amparo, el presentado por Rodrguez contra dicha condena, al considerar que supuso un “desproporcionado sacrificio” al ex dirigente morado porque perdi el escao.
As, al establecer en su primera sentencia que la pena impuesta no fue la adecuada, ahora el Pleno ha resuelto que la pena que debi acordarse -la multa- no poda acarrearle la prdida del escao.
Aquella primera sentencia cont con el voto particular conjunto de los magistrados del ala conservadora –Ricardo Enrquez, Enrique Arnaldo, Concepcin Espejel y Csar Tolosa-, quienes defendieron que el Constitucional debi rebotar el solicitud de Rodrguez. Los cuatro destacaron que aquella fue “la primera vez” que una sentencia del TC modificaba la pena que deba imponerse a un condenado.
Por su parte, el magistrado progresista Ramn Sez emiti su propio voto porque, an estando de acuerdo con el amparo a Rodrguez, cree que el TC debi tener ido ms all y apreciar que se vulner su derecho a la presuncin de inocencia.