Denuncia que sufrió “violencia psicológica machista”, incluido el episodio de un embarazo no deseado ante el que fue “presionada desde distintos frentes para que abortara”
Los últimos días de la carrera política de Estela Baeza En junio pasado no fueron como ella lo hubiera imaginado cuando se unió a la juventud de la PSC hace más de una década. El bajo perfil de las últimas tres semanas como concejal de Bienestar, Servicios Sociales, Igualdad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salou (Tarragona) no le correspondió únicamente ocupar el cargo desde las elecciones municipales del 28-M hasta la constitución del nuevo equipo de gobierno.
Sentirse un alcalde de segunda ya era una sensación que se arrastraba desde 2019, debido a una serie de acontecimientos que se entrelazaban desde el ámbito privado hasta el público. Ahora, tras aparcar su actividad en el Consistorio a sus 36 años, alza la voz para reivindicar su caso como ejemplo de la desprotección de las mujeres frente al acoso por razón de sexo en la política. El inicio de lo que Baeza define como su calvario fue una relación con una compañera de la ejecutiva municipal en la que asegura que sufrió violencia psicológica machista, incluido el episodio de un embarazo imprevisto en el que fue presionada desde distintos frentes para que abortara.
Aquella complicada situación personal, que le derivó en problemas de salud mental como depresión y ansiedad, tuvo consecuencias en su faceta política y en su relación con el resto de miembros del gobierno local, a quienes reprocha no sólo desconocer, conocer los hechos, más bien, se posicionaron tratando de invisibilizar su labor como sexta teniente de alcalde. El motivo, según ella, explica en una conversación con EL MUNDOno era otro que ir contra el eslabón más débil para no salpicar el partido.
La actual cruzada de Baeza apunta en dos direcciones: denunciar que los protocolos contra los abusos sexuales y de género de corporaciones locales como la de Salou no cubren a los cargos electos, ya que están diseñados para personal contratado, y que los canales internos de partidos como El PSC acaba siendo inútil para tratar casos como el suyo.
El cierre de campaña de las últimas elecciones municipales en esta localidad turística de la Costa Dorada tarraconense de 29.000 habitantes tuvo como protagonista inesperado a Baeza, que, pese a formar parte del equipo de gobierno en las dos últimas legislaturas, no formó parte del candidatura de la coalición Verano para Salou-PSC. La concejala dio a conocer ese señalado día en un comunicado en el que denunció ser víctima de acoso laboral por razones sexuales y maltrato psicológico por parte de algunos compañeros del Grupo Municipal Socialista desde 2019. Sus acusaciones se extendieron a los mecanismos partidistas para resolver este tipo de casos. a lo que recurrió en dos ocasiones sin éxito.
En un primer momento, en diciembre de 2020, recurrió con denuncia a través del Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, aprobado en julio de ese mismo año. Lo retiró porque ni siquiera abrieron el expediente en el plazo máximo establecido, explica. En segundo lugar, en septiembre de 2022 llevó su caso a la comisión de garantías del PSC, donde el ponente, Cecilio Limiana, no consideró probado ningún acto tipificado como responsabilidad disciplinaria y consideró que las pruebas de la denunciante no sustentaban suficientemente sus afirmaciones. Valió más la palabra de dos personas (el entonces dirigente local del PSC, David González, y señaló el concejal Baeza) que más de un centenar de documentos médicos que presentó acreditan los daños y consecuencias ocasionados, denuncia. La ex concejal reprocha que no se le dio la oportunidad de brindar testimonios que corroboren su versión.
Ese hubiera sido el caso. Pilar Erla, militante del PSC en Salou hasta que rompió su carné en 2019 por discrepancias con los pactos locales del partido. Todas las actividades realizadas por su concejal quedaron ignoradas en la difusión pública realizada por el Ayuntamiento, explica la exafiliada socialista. “He visto cómo esperaban a que ella saliera para hacer una foto a los concejales asistiendo a un acto institucional”, añade Erla, que también se ofrece a prestar declaración si el asunto acaba en los tribunales. En declaraciones a este periódico, la secretaria de Políticas Feministas del PSC y diputada en el Congreso, guerra nas, califica de adecuado el procedimiento seguido en este caso: la comisión analizó todos los datos facilitados y tomó una decisión. Ni el concejal que mantuvo la relación con Baeza ni los responsables del grupo municipal socialista durante el pasado mandato han querido responder a las preguntas de EL MUNDO sobre este caso.
Las Administraciones Públicas catalanas tienen en ciernes una normativa contra la violencia machista. En noviembre de 2022 se aprobó el protocolo marco que marca las pautas y coordina a todas las administraciones para acabar con la violencia institucional contra las mujeres. Así, en marzo, el Gobierno aprobó el protocolo contra el acoso sexual y psicológico en el trabajo de la Generalitat, que actualiza el anterior de 2015.
Con las corporaciones locales, sin embargo, hay deberes pendientes y uno de ellos es precisamente el que denuncia Baeza, la no inclusión de funcionarios electos en los programas contra los abusos. Una vez constituidas las entidades locales y supramunicipales como resultado de las elecciones del 28-M, la Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat indica que el próximo otoño se procederá a dictar las directrices que permitan ampliar la protección de los políticos.
Fuentes del Ayuntamiento de Salou sostienen que en el caso de Baeza se podría haber abierto una investigación interna a través del protocolo actual, equiparando su cargo al de un alto directivo de la corporación. La exalcaldesa, sin embargo, responde que el resultado final habría derivado cualquier tipo de responsabilidad por parte del partido y, en consecuencia, la habría obligado a revictimizarse.
Cuando se le pregunta si valora abandonar la militancia del PSC, Baeza responde convencida que no. A pesar de sus críticas a la formación local y al trato recibido por parte de la dirección central comandada por Salvador IllaNo se ha planteado romper la carta del puño y la rosa. Como socialista aspiro a corregir los errores cometidos y a luchar por los valores reales del partido, explica.
En un momento en el que el feminismo domina gran parte de los discursos de los partidos, la ex teniente de alcalde cree que debe alzar la voz contra el cinismo de que una fuerza política progresista como el PSC no dé el ejemplo. Para mí puede que sea tarde, pero espero que no sea así para otras compañeras, sean del partido que sean. En el terreno más personal, Baeza pretende demostrar que no cede ante la acusación que más veces le ha tocado escuchar en todo este tiempo: Rencorosa.
DENUNCIÉ LOS HECHOS DOS DÍAS ANTES DEL 28-M
Baeza hizo pública su situación justo antes de las elecciones municipales de mayo. Pese a que hubo quienes tildaron su acción de electoralista, quien fuera responsable de la cartera de Bienestar Social e Igualdad en el Ayuntamiento de Salou durante las dos últimas legislaturas, aseguró que no le importaba que su acción fuera calificada como tal, ya que anunció que había recibido ofertas para ir a las listas de otras candidaturas municipales, incluso como cabeza de cartel en algunas de ellas. Sin embargo, tomó la decisión de no continuar su carrera política tras ocho años en el ayuntamiento de Tarragona. Pese al trato discriminatorio que dice haber recibido por parte de su partido, no ha abandonado su militancia en el PSC, en cuya juventud comenzó su carrera hace una década.