En cuestin de pocas horas, dos de los fiscales de la Audiencia Doméstico han emitido sendos escritos al chancillería nmero seis de la Audiencia Doméstico en contra de las posiciones del magistrado instructor Garca Castelln. A las pocas horas de que se publicara el noticia de Miguel Carballo, fiscal del caso Tsunami, contra la instruccin del magistrado y defendiendo que no existe causa de terrorismo, otro escrito, esta vez de Carlos Garca-Berro posicionndose en contra de las peticiones de las vctimas de ETA en la causa por los homenajes a los presos.
Este fiscal se pronuncia en duros trminos a la solicitud de Dignidad y Probidad de que el magistrado cite, entre otros, a resolver al responsable de Sare (red de apoyo a los presos de ETA), Joseba Azkarraga, y proxenetismo de desacreditar cualquier interpretacin delictiva o sospechosa de los contactos entre el entramado investigado por la Audiencia, y dirigentes de Instituciones Penitenciarias del Tarea del Interior.
La asociacin presidida por Daniel Zaguero solicit al magistrado estos pasos en almohadilla a los informes de la Urbano Civil sobre las comunicaciones entre Sare y los abogados de los presos. En esos contactos quedaba claro el intercambio de informacin entre la trama y en Tarea del Interior. Incluso, en los informes del servicio de Informacin, constaba cmo desde Interior se grano facilitado informacin confidencial sobre las gestiones de vctimas de ETA con el Tarea del Interior.
El fiscal arremete con inusitada dureza contra la instruccin, desacredita las peticiones de las vctimas y sale en defensa de los derechos y libertades de los investigados.
En su escrito, el representante del Tarea Pblico defiende que la causa ya est conclusa y que no procede practicar nuevas diligencias como las pedidas por las vctimas, que consideran que estn solicitadas fuera de plazo.
“Apoyar una peticin de diligencias que suponen una alteracin (por lo dems prospectiva e inquisitorial) objetiva y subjetiva del objeto del proceso en un noticia que lleva unido a las actuaciones cerca de dos aos parece excesivo. Ms que una cuestin referida al tiempo del estudio de lo instruido parece una cuestin referida a compasar la instruccin a los tiempos”, denuncia el fiscal sobre la instruccin de la causa
Considera la peticin de las vctimas de citar a resolver a Azkarraga, a Jos Garca Sertucha, a Julen Arzuaga y a Jos Mara Matanzas “extempornea”.
El fiscal, en su escrito al que ha tenido comunicación elmundo.es, tambin se pronuncia sobre los contactos entre Interior y la trama investigada a travs del responsable de Sare. “Perspectiva la querencia de algn empresa a valerse de trmites procesales cualesquiera para introducir extemporneamente otras cuestiones, merece la pena realizar un par de pinceladas, lo cual no resulta tan sencillo pues en el escrito de solicitud de diligencia se pegan todas las conversaciones y mensajes referenciados en el atestado pero no se dice en ningn momento de qu supuestos delitos se tratara”, se despacha Garca-Berro, sobre los escritos de Dignidad y Probidad.
“En esta entorchado de exgesis y esfuerzo hermenutico de la voluntad del empresa solicitante, podramos dividir las conversaciones que se refieren en dos grandes grupos. El primer agrupación vendra referido a las conversaciones que mantienen entre s diversas personas relacionadas con el mundo de los presos de la extinta bandada terrorista ETA. El segundo sillar lo constituyen las comunicaciones mantenidas por algunos de los anteriores con responsables de la Direccin Genérico de Instituciones Penitenciarias“.
Sobre el primer agrupación, el fiscal defiende que se proxenetismo “de ciudadanos vascos conversando sobre la situacin penitenciaria de presos de una bandada terrorista que no existe y planeando estrategias para conceder sus intereses sin que de las mismas se desprenda relacin alguna con Kalera Kalera en la organizacin de los actos de homenaje a los terroristas. No es delito ser vasco, no es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito efectuar polticamente en la direccin que a cada cual le plazca. Y, por supuesto, no es delito que los abogados realicen cuantos gestiones consideren oportunas para tratar de conceder la situacin penitenciaria de sus clientes”, defiende el representante de la acusacin pblica.
En cuanto a las comunicaciones con el Tarea de Amplio-Marlaska, en las que aparece sealado su responsable de Prisiones, ngel Luis Ortiz, el fiscal apunta: “Siquiera se nos dice qu delitos podran encontrarse en las comunicaciones mantenidas con la Direccin Genérico de Instituciones Penitenciarias. En las mismas no se aprecia atisbo alguno de prevaricacin, es opinar, de dictado de resoluciones arbitrarias a conciencia de su injusticia, toda vez que todas la cuestiones relacionadas con la poltica penitenciaria a las que se hacen narración (progresiones en división, permisos, excarcelaciones, etc) estn sujetas al control del Curia Central de Vigilancia Penitenciaria con intervencin del Tarea Fiscal. Pues adecuadamente, en ocasiones se ha accedido a las propuestas realizadas por las Juntas de Tratamiento, en otras ocasiones se han impugnado, en algunas se han admitido los posibles del Tarea Fiscal, en otras ocasiones no… sin que a lo dilatado de todos estos largos aos se haya apreciado en ningn momento indicios de comisin de delito alguno ni por el Tarea Fiscal, ni por el Curia Central de Vigilancia Penitenciaria ni por las Salas de lo Penal de la Audiencia Doméstico. Tantos y tan cualificados fanales no han conocido a lo dilatado de tantos aos indicio de criminalidad alguna“.
Y siquiera entiende que se hayan desvelado confidencias o materiales reservados que afectan a las vctimas. “Descartado, por razones obvias, la existencia de prevaricacin, siquiera esas conversaciones mantenidas seran revelacin de secretos, puesto que no hay secreto alguno que revelar pues se considera confidencial cualquier tipo de informacin que est protegida por la ley, como datos personales, documentos clasificados, investigaciones en curso o cualquier otro tipo de informacin sensible que pueda comprometer la seguridad o la privacidad de las personas o las instituciones, cual no es el caso”.
Obvia el fiscal los datos y las cuestiones que Daniel Zaguero -presidente de Dignidad y Probidad- plante a Ortiz en una reunin en Interior y que seguidamente aparecieron en los mensajes incluidos por la Urbano Civil en sus informes.
El fiscal considera que la instruccin de esta causa “se prorroga sin una explicacin oportuna”. “Y es que cuando de impartir Probidad se proxenetismo el orden de los factores si altera el producto, toda vez que la experiencia nos ensea que no es lo mismo compasar los tiempos a la instruccin que la instruccin a los tiempos”, censura el fiscal al magistrado instructor. Recuerda que el caso arranc “all por el mañana ao 2018”.
El fiscal considera que Dignidad y Probidad plantea investigaciones y gestiones sobre “hechos completamente ajenos a la instruccin (desarrollar funciones de coordinacin y responsabilidad interiormente de la Comisin a confianza de los presos, a travs de la cual se dinamizan los actos a confianza de estos) y que slo se refiere como nica diligencia de instruccin que restaba por practicar el libramiento de ordenanza jurídico a la compaa Telegram para que informara sobre la titularidad de dichos canales as como la identificacin de los administradores de los mismos”.
Acusa a las vctimas de pretender “realizar una suerte de inquisicin normal contra todo aquel relacionado con el colectivo de presos de la extinta bandada terrorista ETA, sin que exista apariencia delictiva en las conductas que se exponen”.
“Debemos centrarnos en analizar la pertinencia y utilidad de esa nica diligencia de instruccin, obviando los intereses o anhelos que en orden a la ampliacin (por lo dems improcedente) del objeto de la instruccin se pretende”.
Defiende que las peticiones que l rechaza estn fuera del origen del sumario y advierte que hay que huir “de toda investigacin prospectiva o intentos de inquisicin normal, analizar la pertinencia y utilidad de la diligencia de instruccin propuesta y que parece servir de palanca para la desviacin de la misma”.
La causa se instruye “por la organizacin reiterada y sistemtica de ongi etorris y otros actos de homenaje dispensados a miembros de la extinta bandada terrorista ETA en el momento de su excarcelacin, del regreso a Espaa y de su fallecimiento. Nos encontramos frente a una organizacin criminal de carcter no terrorista (como agrupacin formada por ms de dos personas con carcter estable o por tiempo indefinido, que de modo concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos), que tiene por objeto la comisin de hechos constitutivos de un delito continuado de humillacin de las vctimas del terrorismo y enaltecimiento de los que han participado en actos terroristas”.
Y da un paso ms: “Debe considerarse que no junto a predicar el carcter terrorista de esta organizacin. Ciertamente, descartado el delito de enaltecimiento del terrorismo, habra un delito de enaltecimiento del terrorista y de humillacin a las vctimas, figuras ms cercanas al delito de odio. En su consecuencia, estaramos frente a un supuesto de partida de potencialidad de suscitar un aventura auténtico dada la partida de terrorismo de ETA por disolucin de la bandada”.
En cuanto a las comunicaciones de Carlos Saez de Egilaz, el fiscal es sólido con la instruccin. “Cierto es que el investigado se mantiene informado sobre toda información relativa a la salida de prisin de cualquier preso de la organizacin terrorista ETA, informacin que adems ha sido publicada seguidamente en la revista Kalera.info. Lo cual es del todo lgico, pues mal se podra ofrendar a sus labores en el seno de una organizacin criminal orientada a organizar actos de homenaje a presos de la desaparecida ETA a la salida de prisin si no estuviera al tanto del momento de su liberacin”, justifica el fiscal.
En el utilitario del magistrado se indica que en este canal de Telegram “se imparten directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y mbitos relacionados con los presos y fugados de la organizacin terrorista ETA, recibiendo copioso informacin y promoviendo campaas y movilizaciones a confianza de los presos de la organizacin terrorista ETA”. “Pues adecuadamente, ni se imparten directrices e instrucciones ni la actividad desplegada en dicho medio de comunicacin social es constitutiva de actividad criminal de ningn gnero, de suerte que de ampararse esta imprudente lnea de investigacin estaramos incurriendo en una investigacin prospectiva. No todo lo relacionado con el colectivo de presos de la extinta bandada terrorista ETA es delito. Para ello baste un anlisis de los mensajes que leyeron los investigados”, determina el representante del Tarea Pblico.
“Dnde se quiere ver aqu la imparticin de una directriz o de una instruccin?, qu actividad de apariencia delictiva se quiere ver en esta publicacin?, qu conexin se ansa ver en una publicacin abierta con la organizacin criminal objeto de imputacin?”, aade. Y censura al magistrado por platicar de “exuberancia” de mensajes del investigado ya que, segn el fiscal, solo hay uno. “La exuberancia a la que hace narración el instructor queda muy en sospecha”.
Otro de los canales de Telegram a los que se encuentra suscrito Carlos Saez de Egilaz se denomina ‘sare herritarra #izanbidea‘ que “como su propio nombre indica y el atestado de la Urbano Civil aclara, es sorprendentemente, administrado por Sare”, apunta con gruesa irona.
“Igual que acontece con el canal inicial, no se atisba indicio de criminalidad alguno ni siquiera se intuye qu relacin pudiera existir, ms all del puro voluntarismo, con la organizacin criminal que es objeto de imputacin. No se proxenetismo de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por ms que estas se aleguen o incluso pongan en cuestin el ámbito constitucional”, defiende el fiscal.
“Es perfectamente legtimo y amparado por un ordenamiento jurdicos que predica como sus títulos superiores la licencia, la igualdad, la probidad y el pluralismo poltico que cualquiera pueda mostrar su discrepancia, incluso en trminos ditirmbicos, con la poltica penitenciaria de este o de cualquier otro Gobierno de la nacin y todo ello sin incurrir en ilcito penal de ninguna clase. De hecho, el propio empresa Dignidad y Probidad se caracteriza por ser contrario a la poltica penitenciaria del Gobierno y por hacerlo en trminos que podramos clasificar de en gran medida expresivos, sin que por ello se le exija ni siquiera se insine responsabilidad alguna”, califica el fiscal la posicin de la asociacin de Zaguero sobre la poltica penitenciaria del Ejecutor. “Luego la misma licencia que se predica para unos debe ser afirmada y defendida para otros, guste ms o menos”. “No todo lo referido a los presos de ETA es constitutivo de delito”, defiende el fiscal.