La sequía es ya un problema de primer orden en la memorándum política española luego de que las protestas del campo y la dramática situación de emergencia en Cataluña hayan elevado la crisis por la escasez de agua en una parte de la cosmografía franquista. Hoy, coincidiendo con la reunión entre la vicepresidenta Teresa Ribera y el asesor catalán de Batalla Climática, el PP convoca a sus consejeros del ramo para articular una respuesta popular a la planteada por el Gobierno, que por ahora pasa por el transporte de agua en barco a Barcelona desde la desaladora de Sagunto, en Valencia, una región popular. Un aspecto que ensalzó desde Galicia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: «Si ellos levantan muros, nosotros hacemos puentes».
La reunión que mantendrán hoy Ribera y el asesor David Mascort llega cuatro días luego de que la Generalitat decretase la entrada en escalón de emergencia de gran parte Barcelona y Gerona, zona que habitan seis millones de personas, tres cuartas partes de la población catalana.
Con las reservas en mínimos históricos, 239 localidades están afectadas por las restricciones. El colisión entre Ribera y Mascort servirá para tocar la ampliación de la desalinizadora de Tordera (Gerona) y la construcción de una nueva planta en las proximidades del río Foix, en Barcelona. Uno y otro proyectos contarán con la colaboración del Gobierno. Pero las miradas están puestas en la propuesta de Transición Ecológica de aguantar agua desalada en barco hasta Barcelona desde Sagunto. Hace tres meses, el Govern ya apuntó a esta posibilidad en presencia de la sequía.
El Gobierno valenciano ha enfrentado en la propuesta del Profesión una forma de hacerse resistente en sus reivindicaciones sobre la falta de que exista una diligencia franquista del agua basada en la solidaridad hídrica entre territorios, no sólo para asegurar el avituallamiento de la población sino asimismo la actividad económica que se genera en torno al agua, en exclusivo la agrícola.
El presidente Carlos Mazón atendió con la mano tendida la petición de Ribera de aguantar agua de la desaladora de Sagunto, pero impuso cuatro condiciones: que el Profesión remita un «documentación técnico» por escrito que acredite que el remesa de agua no va a afectar ni perjudicar a los usuarios de la desalinizadora, que asimismo exista un documentación medioambiental que recoja que no habrá impacto en los fondos marinos por la gestación de salmuera procedente del incremento del grosor de desalinización y siquiera por el fondeo y traslado de los buques cisterna, la nota sobre quién y cómo se pagará tanto el coste energético de la producción de agua como el traslado, y una reunión «con emergencia» para tratar los recortaduras del Tajo-Segura y la cuota extraordinaria de 10 hectómetros cúbicos que necesita La Albufera para suministrar su firmeza -dos temas vitales para los valencianos-. «La reunión tiene que producirse ya, de modo inmediata, porque no podemos seguir así ni un minuto más», explican fuentes de gobierno valenciano.
Otras autonomías populares, como Aragón, han solicitado por carta a Ribera un colisión para tocar la situación en esta región y que el Gobierno «no tome ninguna osadía que afecte al agua del Ebro sin sobrevenir escuchado a los aragoneses». En Baleares, por su parte, la situación no es todavía tan amenazador como en otras regiones pero sí que se está en prealerta por sequía. Formentera es la que peores datos registra y roza la alerta aunque la consejera Verónica Castelló lumbre a la calma y descarta de momento restricciones en el uso y el consumo para la población insular.
En Andalucía, Juanma Quemado quiere recuperar el «espíritu de Doñana» y negocia con el Profesión para conciliar medidas de cara al verano. En dos semanas se verá con Ribera para pedir en Bruselas posibles extraordinarios con cargo al Fondo de Solidaridad y que el Gobierno asuma, como en Cataluña, el coste de traer agua si es necesario.