Las investigaciones se iniciaron cuando en el año 2021, una mujer aseguraba que había sido víctima de una estafa. La Agencia Tributaria le reclamaba el plazo de 900 euros como impuesto por las ganancias obtenidas en unas apuestas en plataformas de equipo online. La mujer aseguraba que nunca había realizado estas apuestas.
Desde ese momento, numerosas denuncias fueron recibiéndose en distintas comisarías de todo el país, interpuestas por personas a las cuales la Agencia Tributaria les reclamaba la tributación de las ganancias obtenidas con ocasión de los premios recibidos en apuestas realizadas en plataformas de juegos en Internet.
Todos los denunciantes aseguraban que no habían realizado estos juegos y señalaban que su identidad habría sido suplantada. Los agentes analizaron la documentación aportada y pudieron establecer la trazabilidad del caudal procedente de los premios de las apuestas.
Ganancias superiores a 4.000.000 de euros
Los estafadores obtuvieron unas ganancias netas superiores a 4.000.000 de euros, empleando para ocultar dichas ganancias cuatro sociedades pantallas y 776 cuentas bancarias para la canalización del flujo crematístico derivado de su actividad delictiva, a través de las cuales movían el caudal con el fin de ocultar el señal final del mismo y dificultar la investigación policial.
El gordo de los sospechosos serían mulas bancarias, encargándose de destapar cuentas y hacer transferencias de haber entre las mismas. En paralelo, se realizó una minuciosa investigación patrimonial de los sospechosos, constatándose que los dirigentes del categoría criminal hacían importantes inmobiliarias y poseían vehículos de ingreso escala y un elevado nivel de vida.
Coches de ingreso escala, 21 inmuebles y 31 cuentas bancarias
En la cúspide de la estructura se hallaba un ciudadano castellano, y la mujer de este, los cuales tenían negocios de peluquería/estética y otros relacionados con el sector inmobiliario.
Asimismo, se practicaron tres registros en los domicilios de los principales investigados, lográndose la intervención de numerosos género relacionados con los delitos investigados.
Incluso se procedió a la intervención, interrupción y confiscación de 31 cuentas bancarias; 21 beneficios inmuebles valorados en 3.350.000 euros –precio de mercado–, muchos de ellos en Madrid y la Costa del Sol ; cinco vehículos de ingreso gama-; entre otros género como dispositivos de telefonía e informática, y 9.200 euros en efectivo.