El magistrado de la Audiencia Franquista (AN) Manuel García Castellón derivó la imputación de Puigdemont al Supremo -por ser aforado. El fiscal Sin rodeo determinó que no apreciaba delito de terrorismo. La mayoría de la Grupo de Fiscales no está de acuerdo. Pero como hay una discrepancia entre los dos fiscales superior de la Grupo, será ahora su superior, la Teniente Fiscal del Supremo y mano derecha del Fiscal Militar, María Ángeles Sánchez Conde, la que resuelva.
Pese a ello, quien determine si se admite a trámite o no la causa, no es ningún fiscal. Es el magistrado del Supremo Ramón Berdugo. Si la admite, el futuro de Puigdemont podría zanjar en manos del magistrado Manuel Marchena (Supremo), que fue el que dictó sentencia a los líderes de ‘procés’.
Discrepancias en la Grupo de Fiscales del Supremo
Luego cuatro horas de reunión, la Grupo de Fiscales del Supremo se ha mostrado partidaria por una amplia mayoría de investigar por terrorismo a Puigdemont al rebotar el trapo del fiscal del Supremo Álvaro Sin rodeo. El artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ocupación Fiscal explica que “los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de noticia, prevaleciendo luego del vaco debate el criterio del fiscal superior” de la Grupo de Fiscales.
Lo que ocurre en la votación es que los dos fiscales jefes Fidel Esclavitud y Joaquín Sánchez Covisa han expresado posturas contradictorias. El primero (uno de los cuatro fiscales del sensatez del ‘procés’) se ha mostrado valimiento de investigar por terrorismo a Puigdemont, y el segundo lo contrario. En presencia de este decorado, el mismo artículo 24 precisa que “si esta opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes deberá someter ambas a su superior jerárquico”.
Ahora la valor caerá en manos de Sánchez Conde, mano derecha del fiscal genérico Álvaro García Ortiz. Ella fijará la postura definitiva que elevará delante la Sala de lo Penal del TS. Ella unificará el criterio no solo entre los fiscales del Supremo, con una mayoría que sí aprecia terrorismo, sino incluso teniendo en cuenta la Fiscalía de la AN, que descarta de plano que los disturbios ocurridos tras conocerse la sentencia del ‘procés’ en octubre de 2019 sean constitutivos de este delito.