No me sorprendió ver en el momento de máxima audiencia de una condena televisión el anuncio de una conocida empresa de seguridad. Ignoro si estamos volviendo a los tiempos de inseguridad que retrató el director castellano Eloy de la Iglesia con la película ‘Miedo a salir de confusión’, pero puede ser que vayamos camino de ellos. Pero si que me llamó la atención uno de los mensajes destino de la publicidad en cuestión, «Seguridad con seguro antiokupas».
Pude comprobar en la radiodifusión, que otra de las empresas del sector todavía destacaba las bondades antiokupas de su sistema de seguridad. No me refiero a empresas más cercanas al pistolerismo de la Barcelona de principios del siglo pasado, sino de empresas cotizando en bolsa y con una trayectoria contrastada y conocida.
Si uno indaga un poco más en la propuesta de seguridad en internet, puede encontrar fácilmente ofertas que garantizan fielmente «que cubren el desalojo de su vivienda en un tiempo que oscila entre 24 y 48 horas delante la contingencia de una ocupación ilegal». No he profundizado más en las condiciones de dicho servicio que ofrecen, pero debe ser el servicio premium, ya que todavía posibilitan la contratación de un seguro con defensa jurídica contra una ocupación ilegal. No obstante, indican que este servicio no se recomienda demasiado ya que hablan de unos excesivos plazos para poder retornar a tomar posesión de la vivienda.
Mientras el temor a la ocupación de tu casa crece, los políticos y el sistema legal castellano parecen centrados en la polémica acerca de la posible imputación por terrorismo de Carles Puigdemont y sus secuaces por sus actos del 2017. Solo los expertos conocen el embrollo coetáneo de fiscales generales, ponentes, corporación de fiscales que parecen no ponerse de acuerdo en el tema, parece que, por motivo espurios, con el obligatorio descrédito de todo el sistema.
Un amigo me comentaba que todo el mundo da por hecho que los socialistas serían capaces de ofrecer los restos de Pablo Iglesias Posse y la coleta de Pablo Iglesias Turrión a cambio del apoyo suficiente para mantenerse en el poder. Con lo que lo de la remisión para Carles Puigdemont no solo está ya descontada, sino que cada vez interesa menos a la clan.
Sin bloqueo, todos los problemas relacionados con la vivienda se imponen en la preocupación de los españoles: comprar una vivienda, que no te ocupen la vivienda que has comprado, traspasar una vivienda, poder desahuciar a un inquilino que no te paga el arrendamiento entre otros.
Tanto el presidente castellano Pedro Sánchez como el valenciano Carlos Mazón han anunciado proyectos de construcción de viviendas públicas de obvio camino. De momento son solo proyectos. Por otra parte, los últimos cambios en la ley de arrendamiento realizados por el gobierno Sánchez, así como las medidas de algunos ayuntamientos han conseguido decrementar la propuesta de pisos en arrendamiento y luego incrementar el precio del mercado, y luego, dificultar enormemente el camino al arrendamiento precisamente a las personas que la ley pretendía proteger.
El movimiento de la izquierda de este país de criminalizar a los propietarios que alquilan sus pisos se les está volviendo en su contra. Recientemente se descubrió tras el desahucio de una anciana, del que se había hecho eco cierta prensa, que la señora tenía en el tira más parné que el propietario del adoquinado que ocupaba. Simplemente dejó de remunerar por que le habían asegurado que «ella no era desahuciable».
Los problemas de los precios del arrendamiento se reducen si se amplia la cantidad de los pisos que se alquilan y eso solo se consigue dando seguridad jurídica a los propietarios. Pero con un gobierno socialista que está más preocupado en defender a los okupas o a los que no pagan el arrendamiento, es suficiente difícil.