El Partido Popular forzar al Congreso el 20 de febrero, dos das despus de que los gallegos se pronuncien en las urnas, a pronunciarse sobre la conveniencia de permanecer en pie la proposicin de Ley de Amnista o adecuadamente demandar al Gobierno que desista de su pretensin de borrar los delitos cometidos bajo el paraguas de la lucha por la independencia de Catalua.
Los populares defendern una mocin, a la que ha tenido acercamiento EL MUNDO, en la que instan a la Cmara a demandar al Gobierno que desista de su pretensin de amnistiar a quienes cometieron delitos y otras infracciones en el situación del denominado procs.
El PP quiere emplear la oportunidad que brinda el estancamiento en las negociaciones entre el PSOE y el Ejecutante, de un costado, y Puigdemont y Junts, de otro, a cuenta de las figuras delictivas que no quedaran amparadas por la medida de agudeza, para hacer un llamada en gracia de taponar lo que consideran un real agujero sombrío en el devenir de nuestra flamante historia constitucional.
El partido que lidera Feijo considera que el Gobierno en sitio de estar a la vanguardia de la defensa del orden constitucional, no ha dudado en satisfacer sucesivamente todas las peticiones que le han obligado los independentistas, con el fin de permanecer el apoyo parlamentario que lo sostiene. Y en este sentido, argumentan, concedi el indulto a quienes haban sido condenados por el Tribunal Supremo, por la comisin de graves delitos, entre ellos el de sedicin.
A continuacin, recuerdan, el Gobierno y sus socios parlamentarios derogaron el delito de sedicin y amoldaron el de malversacin para exonerar de responsabilidad penal o rebajarla a los condenados y a los procesados, incluidos los que se encuentran en rebelda.
Y ahora, aaden en el texto que sometern a la votacin del Congreso, con el fin de evitar la accin de la Equidad, se pretende la concesin de una amnista por quienes seran los beneficiarios de ella.
Para el PP, el camino que estn recorriendo juntos el Gobierno y un prfugo de la Equidad est jalonado de desgraciados hitos y sigue la hoja de ruta que marca Puigdemont, improvisndola a cada paso. En esta senda hacen hincapi en las acusaciones de lawfare contra los jueces; la pretensin de acotar la cuestin prejudicial delante el Tribunal de Equidad de la UE; la divisin del terrorismo en categoras y la posibilidad de modificar la Ley de Apreciación Criminal para localizar las investigaciones en curso.
Para el PP, la amnista que pretende conceder Snchez supondra atar a la Equidad y por eso, adems de demandar al Gobierno que desista de aplicarla , urge al Congreso a rebotar la campaa de presiones contra jueces, magistrados y fiscales y exigir al Fiscal Caudillo del Estado el cumplimiento fiel de sus obligaciones en defensa de la licitud, los derechos de los ciudadanos, el inters pblico y la independencia de los tribunales y, adems, retornar a tipificar las conductas que quedaron despenalizadas por la derogacin del delito de sedicin y recuperar la redaccin previa a la modificacin de 2022 del de malversacin.