La Fiscalía ha reclamado ocho primaveras de prisión para una mujer que será juzgada a partir de este martes en la Audiencia Provincial de Murcia, acusada de designar a la prostitución a sus dos hijas, una de ellas beocio de perduración, en unos clubs de Lorquí, en la provincia de Murcia. Las conclusiones provisionales de la Fiscalía, a las que ha tenido entrada EFE, señalan que la acusada cobraba un porcentaje por designar a las jóvenes a la prostitución.
Con ella, que trabajaba como camarera en uno de los locales, serán juzgados además los dueños de ese club y de otro, ubicados los dos en el polígono industrial de la villa murciana. Para uno de ellos el fiscal reclama una condena de ocho primaveras y cuatro meses de prisión, y para el otro, tres primaveras y cuatro meses, en los dos casos por un delito relativo a la prostitución y otro de corrupción de menores.
Prostitución y corrupción de menores
Los hechos se remontan al 10 de enero de 2015 cuando agentes de la Dispositivo Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) realizaron una inspección en el regional de uno de los acusados donde encontraron a este y a dos camareras.
Una de ellas realizaba además labores de alterne sin estar dada de adhesión en la seguridad social y cobrando un porcentaje de las copas que tomaban los clientes. En la misma situación se encontraban los músicos que, sin dar de adhesión y sin resolución, cobraban 50 euros por 11 horas de trabajo.
Varias redadas a los locales de alterne
Un año posteriormente se procedió a una nueva inspección al regional, en la cual encontraron a la acusada cercano a sus dos hijas, una de ellas beocio de perduración en el momento de los hechos. Ambas ejercían actividades de alterne y, encima, su mama concertaba para ellas citas con los clientes del regional.
En 2018 se realizó una inspección en el regional del otro procesado donde se encontró realizando labores de alterne a otra beocio que, sin dar de adhesión en la seguridad social y sin resolución, solo cobraba un porcentaje de las copas que los clientes consumían.
Junto a destacar que todos estos trabajadores eran extranjeros o estaban en situación irregular, hecho del que, según el escrito de calificación fiscal, se aprovechaban los dueños de los locales para no realizarles resolución sindical.
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