En este sentido, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, afirmó que sería “deseable” que la Ley de Remisión saliese delante porque, a su madurez “nadie, especialmente en Cataluña, entendería que esa ley no se aprobase”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría valoró la ampliación del plazo hasta el 7 de marzo para que la Comisión de Neutralidad pueda emitir un nuevo parecer. “Está en el interior de la normalidad de los procedimientos parlamentarios”, dijo.
Presión
En la misma linde de presión a Junts, fuentes del Gobierno recuerdan que los socialistas no tienen a ninguna persona entre sus filas que se podría ver presbítero por la condonación, al contrario que ocurre con la formación independentista, que se juega la agonía de causas judiciales que afectan directamente a sus cargos.
Señalan por otra parte que haya ley o no van a seguir gobernando y de este modo tratan de ocurrir toda la presión a Junts, de cuyo voto depende que la ley tenga luz verde, toda vez que ERC y el resto de socios de investidura del Gobierno llevan tiempo situados en el “sí”.
Adicionalmente, las mismas fuentes descartan más cambios en la ley respecto al delito de terrorismo, tal como reclaman los independentistas, que temen que con el flagrante redactado puede tener personas que se queden fuera del paraguas de la condonación, oportuno a las actuaciones de los jueces que llevan las causas derivadas del procés, como Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre.
El Gobierno, por el contrario, sigue insistiendo en que la ley debe ser constitucional para poder pasar los bienes que previsiblemente tendrá que afrontar en el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Neutralidad de la Unión Europea. En Moncloa reiteran por consiguiente que su posición es firme y descartan cambios en esta linde.