El contenido de los acuerdos autonómicos se ha matizado tras la polémica por el pacto exprés de Valencia que asumió el marco discursivo de Vox
El 13 de junio, por sorpresa y pocos minutos después de la primera reunión formal entre sus líderes, PÁGINAS y voz encendieron para el Comunidad Valenciana el primero de los cinco pactos regionales que ambos partidos han firmado en 85 días tras el 28-M. El valenciano era un acuerdo exprés que buscaba alejar el pulso de las negociaciones de la campaña electoral general, para cerrar cuanto antes una ejecutiva de coalición. Sin embargo, ha servido al mismo tiempo como base para el resto de pactos de Gobierno y legislatura entre PP y Vox, incluido el sellado ayer en Murcia que ha tardado tres meses en sacar adelante.
La prisa del pacto valenciano, de hecho, ha servido a la popular para luego intentar enmendar el que se ha revelado como el gran error de las negociaciones: la cesión a Vox al comprar su marco discursivo que niega la violencia de género. El PP valenciano de Carlos Mazón acordó dejar por escrito en el documento “la violencia doméstica” y no la violencia de género ni machista. Y ello pese a haber vetado la entrada en el Gobierno regional del líder de Vox condenado por maltrato psicológico a su exmujer, Carlos Flores. El revuelo fue tal que incluso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuvo que intervenir para reafirmar públicamente el compromiso del partido con la lucha contra la violencia de género.
Sin embargo, este concepto no aparece ni una sola vez en los documentos que se han firmado a continuación, aunque en los siguientes ya se habla de “violencia contra las mujeres”. como se hizo en Baleares y Extremaduraque introdujo el lema “erradicar los discursos sexistas que promueven o justifican la violencia contra las mujeres”. Aragón repitió exactamente esta fórmula y MurciaPor último, lo resumió en el compromiso de “erradicar la violencia contra todas las mujeres”.
Por el contrario, son varios los temas que se repiten casi literalmente a lo largo de las decenas de páginas que suman los cinco documentos. De entrada, todo el mundo justifica la necesidad de sentar las bases de “gobiernos estables”, teniendo en cuenta que sólo el experimento del gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León. El partido de Santiago Abascal aprendió aquí la lección y esta vez ha iniciado -salvo en Extremadura- vicepresidencias con cartera y, por tanto, con competencias específicas.
El contenido de los acuerdos programáticos es casi un calco de los apartados tributario y de política social. Los cinco contemplan, por ejemplo, reducciones fiscales, como la reducción del IRPF para salarios medios y bajos, que no falta en ninguno. La promesa de una ley integral de protección de las familias también aparece en todos ellos, aunque sólo Aragón y Baleares avanzan en una reforma de sus leyes. trans. La defensa del mundo rural o la lucha contra allanamiento ilegal es otra constante que se repite.
Pero el pacto valenciano introdujo una excepción que tiene que ver con su particular debate identitario: la promesa de una ley de signos de identidad para marcar distancias con Cataluña. La Comunidad Valenciana, además, será la primera con lengua cooficial en la que gobierne Vox, ya que el pacto de Baleares con el PP es sólo para la legislatura. Aun así, ambos acuerdos incluyen la libre elección del idioma en el colegio.
En educación sorprende que en Murcia, como en los convenios de otras CCAA, se establezcan los llamados pin parental, ya que fue la primera región que introdujo el veto de los padres a los talleres LGTBI, una medida controvertida que decayó después de que el Gobierno la llevara a los tribunales. PP y Vox contemplan, como novedad, las evaluaciones anuales en Lengua y Matemáticas para medir el rendimiento del alumnado.
En el resto de cuestiones han ido en la misma línea que las otras CCAA, con cambios en el currículum para dar “neutralidad ideológica” a lo que estudian los alumnos y un blindaje a la concertada que se materializa en la libertad de elección de centro y en los 0-3 años de forma gratuita tanto para el sector público como para el privado.