Ni una palabra en divulgado ha querido pronunciar este lunes la portavoz del PSOE, Esther Peña, cuando casi a la vez que su comparecencia semanal en la sede socialista de Ferraz se ha conocido la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) que rechaza aplicar la condonación a los delitos de malversación relacionados con el ‘procés’, por los que está encausado, entre otros, Carles Puigdemont, y por los que se condenó, todavía entre otros, al líder de ERC, Oriol Junqueras.
Peña ha evitado contestar a los informadores en presencia de la premura de una comunicación que se acababa de conocer. Sin bloqueo, la dirección de los socialistas sí ha trasladado a través de un comunicado a los medios su posición, contraria a lo que ha deteminado el Parada Tribunal.
Los socialistas manifiestan su «respeto» por las decisiones judiciales, aunque dejan muy claro su discrepancia sobre lo dicho por el TS. «Conviene rememorar el clarísimo artículo 1.4 de la ley de condonación: ‘No se considerará lucro la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) [el proceso independentista] cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento forense, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial». Y a eso añaden que «en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía europea porque nunca se entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la Unión Europea».
El PSOE, por otra parte, considera «sorprendentes e innecesarias para la cultivo municipal que tiene encomendada» las «consideraciones políticas que ha hecho el Tribunal Supremo». Un razonamiento que consluye así el partido liderado por Pedro Sánchez: «Es en el ámbito político y no legislativo donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas».
Los socialistas sólo ven un aspecto positivo en lo dictaminado este lunes por la Sala Segunda del TS, hasta el punto de considerar una «buena comunicación que no se cuestione ni la constitucionalidad militar de la condonación ni su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea». Todo ello porque, concluye el PSOE, el Supremo «no pone en duda la capacidad de las Cortes Generales de aprobar amnistías, nada más pregunta a las partes si procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia; por otra parte, el Tribunal Supremo renuncia expresamente a presentar una cuestión prejudicial en presencia de el Tribunal de Neutralidad de la Unión Europea».