Las asociaciones de jueces y fiscales emitieron un comunicado conjunto expresando su rechazo a la amnistía porque consideran que existe un “riesgo evidente de quebrantar la democracia”.
También expresaron su opinión -en contra- tres agentes de la Guardia Civil ahora imputados. suspendido provisionalmente de empleo y salario. El Ministerio del Interior ha abierto un expediente contra ellos por Falla muy grave por tus comentarios. contra el acuerdo entre el PSOE y Junts y la negociación de la ley de amnistía.
Dos de los agentes registrados son presidente yvicepresidente de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) por el comunicado remitido el pasado viernes en el que se mostraban “dispuestos a derramar hasta la última gota de su sangre” en defensa de la soberanía de España y de la Constitución.
El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ya había ordenado la apertura de una investigación para identificar a los responsables e iniciar actuaciones disciplinarias y, en su caso, penales por el comunicado emitido.
El tercer agente fichado es el portavoz de Jucil -asociación mayoritaria dentro del organismo-, Agustín Leal. Se ha abierto expediente por un mensaje que publicó el 29 de octubre en la red social ‘X’ (antes Twitter), en el que acusaba al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de cometer “el mayor crimen” por su plan amnistía a los líderes independentistas catalanes procesados.
“El mayor crimen que se puede cometer contra una Nación es la traición de quien tiene el deber de defenderla. El interés personal de un individuo por encima de la libertad del pueblo español”, publicó el relato de Jucil.
Este lunes, Marcos informó formalmente a los tres agentes de la apertura de estos expedientes disciplinarios lo que conlleva la suspensión cautelar de sus funciones mientras se resuelven.
“Listo para derramar hasta la última gota de sangre”
Los guardias civiles destacaron en el comunicado que el artículo 104 de la Constitución encomienda a las fuerzas y cuerpos de seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana.
“En primer lugar, el artículo 104 de la Constitución encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana. En segundo lugar, la forma de hacerlo está condicionada por nuestro juramento ante la Bandera como soldados que somos: estar dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y su orden constitucional”, expresa la declaración de APROGC.
Jucil ha emitido este martes un comunicado, según informa ‘EFE’, en el que insiste en la necesidad de mantener y respetar la libertad de expresión contra los intentos de silenciar a una asociación y acusa al director general del organismo de querer “controlar la resistencia que se ha desplegado en la sociedad”.
“Quieren que guardemos silencio y para ello recurren a argumentos que recuerdan a caducas purgas políticas que parecieron afortunadamente superadas en la España democrática”, lamenta la asociación.