Feijóo traslada a la prensa extranjera que España podría seguir la estela de Rumania, Polonia y Hungría por atacar el Estado de Derecho


El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóomantuvo este martes una reunión con una treintena corresponsales extranjeros en España para compartir con ellos sus reflexiones sobre el impacto de la ley de amnistía y las consecuencias del acuerdo de Sánchez con los independentistas.

Según fuentes del PP, el objetivo es que haya impacto internacional ante el “menoscabo de la Constitución, el sometimiento de la justicia a los intereses de los políticos, el perdón de los delitos de corrupción y el olvido de los delitos de terrorismo a los implicados en el proceso”.

Feijóo ha trasladado a la prensa internacional que el texto “destruye la seguridad jurídica de un Estado miembro de la UE”, algo que también supone un deterioro de la democracia europea porque el texto de la ley garantiza que los políticos amnisten a otros políticos.

“Los países que intentaron algo similar en Europa fueron rechazados expresamente por los organismos comunitarios”, afirmó Feijóo, que puso el ejemplo de Rumanía, Polonia y Hungría como país señalado por el ataque a su Estado de derecho.

El PP ha explicado que la mayoría de juristas de nuestro país consideran que la Ley de Amnistía es inconstitucional. Y se ha esmerado en explicar que esa era la misma consideración del PSOE hasta hace apenas tres meses. El PP advierte de que la amnistía por delitos “puede suponer un incentivo para cometerlos».

Feijóo ha manifestado su confianza en que los mecanismos de control de la UE funcionen, y ha lamentado que Carles Puigdemont “ha pasado de tener una orden de detención a la Policía, en lugar de detenerle, escoltarle”.

Además, los corresponsales recogieron un dossier con las posiciones públicas contra este acuerdo de casi un centenar de asociaciones y colectivos. Un documento de 126 páginas que recoge el rechazo social e institucional a “una ley pensada para beneficiar a una sola persona: Pedro Sánchez”. Este mismo conjunto de posiciones fueron trasladadas ayer a altos cargos de la Comisión Europea en una carta firmada por los eurodiputados de PP y Cs.

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