El mundo judicial de Castilla y León también se sumó ayer al cada vez más numeroso coro de voces críticas con la amnistía al ‘procés’ y el acuerdo en el que se enmarca firmado por el PSOE y Junts por el que Pedro Sánchez ‘gana’ los siete votos imprescindibles para una nueva investidura cuyo debate comienza hoy a cambio del olvido jurídico de todos los crímenes cometidos por el independentismo catalán desde 2012.
En Salamanca, incluso los jueces salieron a la calle en una convocatoria de urgencia para mostrar su rechazo a este acuerdo entre socialistas e independentistas por sus “referencias explícitas” al ‘lawfare’ o la judicialización de la política. Un mitin al que respondió la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, cuestionando que “no estuviera en comunicación”. “A veces parece un poco increíble, viniendo de dónde viene y quién estaba delante”, cuestionó. “Me parece un poco extraño invocar legalidades y hacerlo a través de un acto que no se ajusta a la propia legislación que tenemos” y “es claro y preciso en cuanto a esta exigencia”, insistió.
Este ‘lawfare’ “y sus consecuencias” le valió también el “rechazo” del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que aprobó, a propuesta de su presidente, José Luis Concepción, firmar el comunicado emitido por el Cuatro asociaciones de órganos judiciales a nivel nacional expresaron su oposición a este texto por, entre otros motivos, contener “expresiones” que “revelan cierta desconfianza en el Poder Judicial” y que “no son aceptables”.
“El Poder Judicial en España es independiente, no actúa bajo presión política y tiene un sistema de garantías jurisdiccionales”, subraya el TSJ. Un texto en el que también cuestiona que el documento de PSOE y Junts “contenga referencias explícitas a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en las sedes parlamentarias para determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política”.
Esta afirmación recibió una contundente respuesta por parte del líder del PSOE de Castilla y León. Luis Tudanca no tuvo problemas en concluir que son los jueces “quienes violan la separación de poderes” al “ir de la mano de funcionarios políticos que critican a un Gobierno y al mismo tiempo piden independencia”. El burgalés centró el ‘disparo’ en el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, al que acusó de decir “en varias ocasiones” que el Partido Comunista en España “es equiparable al partido nazi”. “No las veo preocupadas por luchar por derechos fundamentales que están en la Constitución”, dijo en referencia a la lucha contra la violencia de género, por lo que les pidió “prudencia y serenidad”.
Por su parte, en el acto de Salamanca se hizo especial hincapié en la alusión del acuerdo PSOE-Junts al control parlamentario de las decisiones judiciales, lo que “ataca evidentemente a la división de poderes”, reprochó el juez superior, Pedro Rollán, quien subrayó que “la La esencia de cualquier estado de derecho es la división de poderes y cuantos más controles haya, mejor”. “No se puede permitir que el poder político controle las resoluciones judiciales que se han dictado”, subrayó en declaraciones recogidas por Ical.
También el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reprochó que con este pacto “se ataca la independencia judicial”. Y confirmó que, tras conocer el texto del proyecto de ley registrado por el PSOE en el Congreso de los Diputados para amparo de la amnistía, su Gobierno lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional, dado que “es un atentado a nuestra Constitución”. “No hay mayor indignidad o inmoralidad”, afirmó Mañueco.
“Todos” a pagar
Además, ha advertido de que tras los pactos políticos que se están conociendo “la situación que se prevé es aún peor”, ya que incluyen más cómo “abrir la independencia por la vía de facto a determinadas comunidades autónomas -en referencia tanto a Cataluña como a la País Vasco-“. Y, añadió en un foro de La Opinión-El Correo de Zamora, “se dan privilegios económicos a socios separatistas que tienen que pagar por sus acciones” que las sentencias judiciales ya han considerado “ilegales, indignas y corruptas”, criticó. “
“Un leonés acaba pagando el gasto de las urnas y del referéndum ilegal”, reprochó también, en números desde León, el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien dejó claro que esos 15.000 millones de condonación pasan a la “deuda “. “del Gobierno central y, “por tanto, de todos los ciudadanos”. “En definitiva, un ciudadano de León se va a hacer partícipe” y “acabará pagando las embajadas catalanas en el exterior” y el “proceso secesionista”. Para alcanzar la cifra multimillonaria, explicó también el portavoz de la Junta, “supondrá varios centenares de euros” per cápita para los ciudadanos “que no han tenido ninguna responsabilidad”.
Mientras tanto, el PSOE insistió en criticar la participación de funcionarios de la Junta como su vicepresidente y líder de Vox, Juan García-Gallardo, en los actos de protesta en la sede socialista. La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, a través de un vídeo recogido por Ical, señaló a Mañueco como responsable “inmediato” y “máximo”. Mientras, el propio Tudanca desfiguró que Gallardo “grita consignas fascistas y racistas con megáfono en mano” y dedujo que el problema es que “no soportan que Pedro Sánchez vaya a ser presidente del Gobierno otra vez y no respeta los resultados electorales”. “