La asociación de víctimas del accidente del Alvia en Santiago de Compostela en julio de 2013, en el que murieron 80 personas y 152 resultaron heridas, ha solicitado este martes al Tribunal Supremo que ordene a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Gobierno, que investigue realizar una nueva investigación técnica de los hechos para que sea “técnica, objetiva, imparcial y justa”, ya que consideran que no fue así en su momento, así como dar una “audiencia a las víctimas”. Una petición a la que la Fiscalía del Estado se opone, recordando que aún no hay pronunciamiento del juicio penal sobre los hechos.
Los afectados piden que, una vez que se ordene dicha nueva investigación, se elijan también nuevos miembros y se cese hasta tres miembros actuales de la CIAF ya que fueron elegidos y nombrados por el Ministerio de Transportes, “que a su vez es el que supervisa a Adif y Renfe”, por lo que se les considera “incapaces de desempeñar esta función” por falta de objetividad y apariencia de imparcialidad.
Este julio, diez años después del accidente, concluyó el juicio en el Juzgado Penal número 2 de Santiago y aún no hay primer fallo sobre los hechos por los que acusaron al maquinista, Francisco Garzón Amo, y al jefe de seguridad vial de Adif, Andrés Cortabitarte.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal escuchó los argumentos del abogado representante de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, Antonio Benítezy la Fiscalía del Estado, representada por Cáncer de Pilar, en la vista del recurso de apelación contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de no ordenar una nueva investigación técnica. Al acto asistieron como público veinte representantes de la asociación de víctimas. Algunos, al final de la audiencia, se acercaron a la representante de los servicios jurídicos del Estado para reprocharle su presentación. “Si uno de sus hijos hubiera muerto en el accidente, lo entendería”, le dijo uno de los presentes.
Los familiares de los fallecidos y heridos en el accidente piden que se abra una nueva investigación técnica y, para ello, se despida a hasta tres funcionarios de la CIAF porque “no podemos tolerar que se haga otra investigación y que ya no sea independiente, lo cual es una premisa fundamental.
Los demandantes basaron su primer recurso contencioso-administrativo en un informe de la Agencia Ferroviaria Europea de 4 de julio de 2016 “en el que se señalaba que la investigación llevada a cabo por el Reino de España no era independiente, así como que presentaba graves irregularidades como que las víctimas no habían sido audiencias y no habían sido informadas de sus derechos en el procedimiento. El interés casacional del asunto, ahora en el Tribunal Supremo, radica en si la comisión de investigación del accidente ferroviario cumple en términos de su creación, composición y nombramiento de miembros, organización y competencias técnicas, cumple con los cánones de imparcialidad y objetividad de la actual directiva comunitaria, cuándo se llevó a cabo la investigación y, en segundo lugar, la situación jurídica de los afectados en cuanto a si tienen un derecho subjetivo a tener información en el procedimiento y a participar en él.
El Despacho Jurídico se refiere a procesos penales
El abogado del Estado en la audiencia se opuso al reclamo de los demandantes, afirmando que “no tiene sentido volver a realizar una investigación”. Manifestó que ya hubo un juicio penal que duró nueve meses, con 106 tomos de documentación, 14 peritajes y 18 peritos. “Ahí, el informe del CIAF fue uno más”, argumentó recordando que aún no se ha dictado sentencia y el fiscal retiró la acusación contra el jefe de seguridad de tráfico de Adif.
«Realmente lo que se busca es saber quién es el responsable, que es algo decisivamente criminal. “Podemos entender que las víctimas quieran cerrar su dolor, pero éste no es el camino”.
El representante de los servicios jurídicos del Estado también se opuso al despido de los responsables del CIAF: “No procede. No tiene sentido cuando los miembros actuales no son los mismos que hicieron el informe. La vida ha seguido, el actual presidente y varios de los vocales fueron designados en el año 2023. Negó que lo que se les atribuye esté en las causales legalmente establecidas para la destitución.
«Como dijeron mis colegas en el proceso penal, estoy convencido de que ha habido poca preparación por parte de los poderes públicos para abordar las sensibilidades de las víctimas desde un punto de vista humano. “Posiblemente ha habido poca sensibilidad para atender las necesidades emocionales de las víctimas y eso ha generado un malestar que luego no tiene traducción en el documento legal”, dijo el representante de la Fiscalía del Estado en la audiencia de sentencia de la Tercera. Sección de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior.