El reloj corre contra las 85 mujeres que fueron grabadas orinando en las fiestas de la Maruxaina (San Cibrao, Lugo) en 2019 y cuyas imágenes fueron colgadas en páginas de contenido para adultos en los meses siguientes. El caso saltó a los medios cuando el número de denunciantes comenzó a crecer hasta acercarse al centenar, y se descubrió que los autores de los videos habían colocado cámaras en lugares estratégicos de una zona apartada que los asistentes a la celebración utilizado tradicionalmente como baño, dada la falta de baños públicos. En un principio, su denuncia fue silenciada por el juzgado de Viveiro, que cerró el caso en 2021 argumentando que cuando estos vecinos fueron filmados estaban en “un lugar público donde podían ser vistos” por cualquiera. Esta decisión generó una importante respuesta social que tuvo efectos a nivel judicial. Recurso mediante, en noviembre de ese mismo año la Audiencia Provincial de Lugo desarmó la sentencia y ordenó seguir adelante con la denuncia.
Desde entonces todos los esfuerzos de la fiscalía y los investigadores se han centrado en descubrir la identidad de la persona o personas detrás de estas grabaciones. El trabajo no es fácil, pero en una segunda fase del proceso se incorporaron a la instrucción unos vídeos en los que aparecen parcialmente los rostros de algunos de los autores, y en el que también se pueden escuchar sus voces. Un hilo del que tirar del que se abrazan los denunciantes para que el caso no caiga en el olvido. “Hemos pedido a la Policía Judicial que insista y profundice en este camino”, explica el abogado de las víctimas, Xosé Manuel Oliveiros, en una conversación con torrevieja news today, quien asume que Solo hay dos formas de desenmascarar a los perpetradores. La primera es llegar a ellos a través de las pistas que dejan en los propios vídeos. El segundo, supone, es obligar a EE. UU. a proporcionarles las IP de las computadoras desde las que se subieron las imágenes a los sitios web. Pero obtener estos datos no está siendo fácil. “Se envió una carta rogatoria a Estados Unidos que fue contestada de manera bastante insatisfactoria diciendo que no podían proporcionar datos sobre las IPS de las personas que subieron las grabaciones a las páginas web”, indica el abogado de los afectados.
Pese a todo, la acusación particular volvió a solicitar ante el tribunal que se reitere esta comisión para que se responda “en los términos en que se había planteado, porque fue respondida de forma un poco genérica sin mayor precisión y sin justificar que se haya intentado contactar con las empresas que alojan dichas páginas web. Las víctimas también reclaman, conscientes de que es una de las pocas balas que les quedan, que “si se obtienen datos, también se pide la participación de otros países, porque en la respuesta de Estados Unidos se alegó que podrían ser alojados”. en otros países.” países”.
Tanto la solicitud de investigar la identidad que muestran parcialmente las imágenes, como el rastreo de las IPs, fueron remitidas al juzgado responsable a finales del pasado mes de julio. Teniendo en cuenta que agosto es un día no laborable a nivel judicial, el abogado de los afectados espera que en septiembre sean acogidas sus denuncias para que la investigación pueda avanzar. El tiempo, supone, no los perdona. Dentro de un año, en agosto de 2014, el delito prescribirá, lo que implica que si los autores de los videos no son descubiertos en este plazo, su crimen quedará impune. “Si no hay investigadores en un año, se cerrará el proceso penal y se abrirá la reclamación económica por la vía administrativa, pero cuando las víctimas se queden solas y sin recursos será casi imposible encontrarlas, porque no habrá ya no habrá colaboración a nivel de investigación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”. Además, lamentan, si estas personas se declaran en concurso de acreedores ni siquiera habrá compensación económica. “Si se interpone en la vía penal, los culpables nunca serán ser descubierta”, dice Oliveros respecto a un caso que alimentó el debate sobre la privacidad de las mujeres en lugares públicos y que desde algunos sectores incluso fue calificado como ejemplo de violencia sexual.
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Todos los afectados declararon hace meses en el marco de la investigación del caso, pero sus testimonios no arrojaron luz sobre la autoría del crimen porque ninguno de ellos sabía que estaba grabado hasta que estos videos comenzaron a circular en plataformas pornográficas, algunos de ellos pagado . Lo que sí dejaron claro los agraviados en sus declaraciones es el perjuicio causado por la publicación de estas grabaciones, que en algunos casos obligó a sus protagonistas a recibir asistencia psicológica y cuyo recuerdo se agrava en estas fechas coincidiendo con la celebración anual de las fiestas patronales. De encontrar a los autores de los videos, cada uno de ellos estaría enfrentando un delito de revelación de secretos que se castiga con cinco años de prisión. Pero las particularidades y condiciones del caso no lo ponen fácil para las acusaciones, que prometen agotar hasta la última vía para enfrentar a los responsables de las polémicas grabaciones.