La Fiscalía cerró su investigación y formuló querella tras indagar sobre la posible comisión de los delitos de falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias, a raíz de las denuncias del PSOE, BNG y PP, que fueron acumuladas en el mismo proceso. Los socialistas aludían en su escrito a ocho posibles delitos, como coacción al personal funcionario, suplantación de identidad, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal, y los populares lo dejaban en seis, incluido el de estructura criminal. Separadamente de las grabaciones, el publicación entregó a la fiscal la pericial forense que ratificaba la certeza de los audios y que demostraba que no hubo ni artificios ni voz sintética, firmado por el obligado perito entendido en acústica forense Miguel Gracia de la Torre Chinarro, y concluía que “se prostitución de audios de secuencia única” sin voz sintética, lo que echaba por tierra los argumentos esgrimidos por Jácome.
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