Continúa la investigación para determinar quién fue el responsable de difundir el comunicado sobre el cruce de correos entre el abogado del novio de Ayuso y la Fiscalía. Esta mañana ha sido la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lancha, quien durante su afirmación ha señalado directamente al fiscal caudillo del Estado, Álvaro García Ortiz, como responsable.
El casose articula en torno a un supuesto delito de revelación de secretos por funcionario, que se les atribuyen a la fiscal superior de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal Julián Brinco, por la publicación de una nota de prensa que incluía datos de las negociaciones entre el patrón Alberto González Amador y la Fiscalía Provincial de Madrid.
Ha sido el magistrado Francisco José Goyena quien ha interrogado esta mañana a Lancha, y precisamente durante su afirmación, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid ha afirmado que recibió dos WhatsApp procedentes de García Ortiz, donde le instaba por “imperativo” a difundir esta información reservada, ya que ella en un principio se negó. Lancha entendía que esto era incompatible con el deber de confidencialidad, pero cumplió el artículo 25 del Estatuto Fiscal.
Dicho artículo recoge que “el Fiscal Genérico del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al examen de las funciones, tanto de carácter caudillo como referidas a asuntos específicos”.
El fiscal caudillo del Estado ya había asumido la responsabilidad
En un escrito remitido al tribunal el pasado lunes, el fiscal caudillo del Estado, Álvaro García, ya reconoció la responsabilidad de la difusión de dicho comunicado y pidió la elevación de la causa al Tribunal Supremo al ser aforado. El fin del comunicado era desmentir las informaciones, que aseguraban que el pacto entre la Fiscalía y el novio de Ayuso para estrechar su condena habría sido ofrecido por los primeros. Fue tras su publicación cuando el patrón optó por querellarse.
De esta forma, el magistrado encargado de la querella está tratando de dilucidar “quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la valentía de hacer sabido dicho comunicado de prensa y el mayor responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el pasado bueno a la valentía de difundir el comunicado”.
Adicionalmente de la fiscal superior, además estaba llamado a deponer el superior del Gobierno de Prensa de la Fiscalía Superior. En las diligencias solicitadas, el magistrado pidió que se remitiera una relación y copia del soporte llamativo de todas las comunicaciones mantenidas por el Tarea Fiscal con el abogado del Alberto González Amador tanto antaño como luego de la publicación del comunicado.
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