El BNG volvió este lunes a la carga con un asunto que se convirtió en uno de sus arietes favoritos contra la Xunta durante la pandemia de la Covid: la gestión de las residencias, en especial las de mayores. El argumento lo da ahora una denuncia de la Asociación Gallega de Inspectores de Servicios Sociales (Agiss), que acusaba al Departamento de Política Social de filtrar las visitas de los inspectores a los centros privados, con fecha y hora. Tanto el Bloc como el PSdeG han pedido explicaciones y activado resortes en el Parlamento regional al respecto.
Ahora el diputado Luis Bará fue un paso más allá al rebatir supuestas “presiones”, proclamadas por la misma asociación, a través de “llamadas” y “escritos” a inspectores, quienes -se hizo eco- habrían sido cuestionados si hubieran apoyado la propuesta inicial de Agiss. queja; “Hechos incluso, si cabe, mucho más graves”, ha añadido Bará, que ha apuntado que esta supuesta “práctica” puede ser “considerada una verdadera Gestapo dentro del Ministerio de Política Social”, ha denunciado.
Según Bará, este gabinete de la Xunta “pretende presionar, intimidar y amenazar a los funcionarios públicos”; Acto seguido, instó a su máxima responsable, Fabiola García, a “atacar de una vez por todas” lo que calificó como una “campaña de presión” a los inspectores, hechos que, señaló, de ser “ciertos” constituirían una ” presunto delito”. Además, exigió a la conselleira que investigue, depure responsabilidades y garantice que las inspecciones se realizan “con todas las garantías” y sin “ningún tipo de fuga”. “Llueve, a cántaros”, criticó Bará, quien dijo ver un hilo conductor en un supuesto “trato de favor” a las residencias privadas por parte del Gobierno gallego.
“Gratis”
Para el Grupo Popular también llueve, pero en lo que se refiere a las acusaciones de la oposición a la gestión de las residencias. “El buen hacer de los funcionarios públicos no puede ser cuestionado gratis y sin aportar absolutamente ninguna prueba”, censuró el vocero adjunto Alberto Pazos.
El parlamentario popular pidió “prudencia” y “responsabilidad” a la hora de realizar según qué declaraciones que, “hasta el momento, carecen de todo fundamento”. Pazos Couñago rechazó el cuestionamiento del “trabajo realizado por los inspectores” con el más alto nivel y la más alta profesionalidad. Dijo que desde su grupo están “a favor de que se practique una mayor transparencia”, pero desdeñó la actitud “irresponsable” de denunciar sin pruebas. Además, restó importancia a un supuesto cambio de protocolo por parte de Política Social, ya que, dijo, la oposición ya había hecho antes las mismas críticas.