El Gobierno ofrece al PP repartir a los menores migrantes según la población de cada comunidad autónoma

El Gobierno ha ofrecido al portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, una nueva propuesta de distribución de los miles de menores migrantes que llegaron en cayucos a las islas y sin agregar por familiares. Y que saturan los centros de acogida de esta comunidad. En una reunión «técnica» que tuvieron el lunes en Madrid, la ministra de Lozanía e Infancia, Sira Rego (IU), les entregó a uno y otro, próximo al ministro Querube Víctor Torres (PSOE), «una propuesta» de reparto de los menores que no puede acoger Canarias. Y ahora el PP y Coalición Canaria preparan su «contraoferta» para desbloquear la reforma de la Ley de Extranjería.

Pero la secreto no es que hubiera otra reunión, ni que se produjera la nueva ofrecimiento del Gobierno, que estaba prevista desde la comisión interministerial, sino el contenido de la misma. Y es muy novedoso. Según ha sabido EL MUNDO, la propuesta consiste en repartir a los menores en almohadilla a un solo criterio, el de población. Cuantos más habitantes tenga una comunidad autónoma, más migrantes recibirá. Se prostitución de un parámetro objetivo que acabaría con las disparidades entre las comunidades que se consideran muy saturadas y las que replican que no lo están tanto por la simple razón de que tienen más plazas de acogida.

Lo breviario así las fuentes consultadas: «Las plazas que le corresponden a cada comunidad autónoma en almohadilla a su población las tiene que acreditar ella, y el resto, al exceder esa sigla, sí se las financiaría el Estado». «Si tenemos que reponer como país a una crisis que no es de una autonomía, sino de todo el país, tenemos que reponer cada uno según la población», asegura uno de los dirigentes políticos conocedores de los pormenores de la reunión.

Adicionalmente, el Ejecutante propone establecer con los datos de 2024 -y no de 2020- el paso del 100% de saturación de los centros de acogida a partir del cual el Estado comenzaría a financiar el coste de los niños y adolescentes migrantes derivados a cada comunidad autónoma. Y no sólo eso: se contabilizarían los «capital universales» de cada comunidad. Es sostener, las plazas que tienen para menores españoles y para menores extranjeros, sin distinciones. Y se establecería el paso contabilizando tanto las plazas «ordinarias» como las «extraordinarias» habilitadas en los cuatro últimos abriles.

Pero la diferencia es que, con este nuevo mecanismo, el Servicio de Hacienda sí desbloquearía fondos para que las comunidades hagan frente a la emergencia migratoria, posteriormente de que la vicepresidenta María Jesús Montero congelase la cofinanciación que le demandaba insistentemente Clavijo: un mayor de 180 millones de euros (diez veces menos, por ejemplo, del debe extra que reclama Junts para Cataluña a cambio de apoyar la senda de estabilidad presupuestaria y el techo de pago de 2025).

Las fuentes consultadas resaltan que el PP no rechazó la propuesta en la reunión, aunque la está estudiando con detenimiento porque no se «fía» de las cifras aportadas por el Ejecutante. Lo mismo está haciendo el Gobierno canario, al que la idea le sonó proporcionada y salomónica. Posible.

¿Por qué es importante establecer umbrales de saturación migratoria que tengan que ver con la población y con el número de plazas de acogida de cada comunidad? Por que si no la saturación sólo dependería de la inversión que hubiera hecho cada región. De modo que si en una autonomía muy poblada hay pocas camas para migrantes, su sistema colapsa en un abrir y cerrar de ojos, y se aduce que ya no puede acoger más, mientras que quienes hicieron a tiempo los deberes tienen que hacer un pago extra por el hecho de contar con más infraestructuras.

En la reunión se puso sobre la mesa el ejemplo de La Rioja, una comunidad que no ha desarrollado un sistema completo de acogida, ni mucho menos. «Se le obligaría a volver más con su financiación autonómica» hasta cumplir con su cuota poblacional. De esta forma, ninguna región sería más que otra.

Eso sí, comunidades como Andalucía podrían argüir, entonces, que el criterio poblacional debería primar todavía en la revisión del sistema de financiación territorial que ahora sobrevuela la presente política. ¿O es que ese criterio no implica azar un sobreprecio para las comunidades con más habitantes, y que no tienen una población ni dispersa ni tan envejecida como otras autonomías sociológicamente opuestas, como Castilla y Audaz, por ejemplo?

Ahora que Rego ha puesto sobre la mesa un método para aportar fondos extra, el acuerdo para arreglar la Ley de Extranjería está más cerca. ¿Y por qué la inyección de fondos gubernamentales era la secreto? Porque si la Agencia Militar del Estado no se hace cargo de una parte del coste crematístico, los presidentes autonómicos del Partido Popular no aceptarán la derivación de más migrantes. Adicionalmente, el presidente de Canarias exigía ver los números, cabreado sobre blanco, como condición sine qua non para sentarse a negociar con el Gobierno y el PP, mesa en la que él ejerce una suerte de papel de árbitro. En la última reunión Interministerial, Rego le prometió facilitarle esos cálculos 24 horas antiguamente de la reunión definitiva para el desbloqueo. No ocurrió eso, pero las tornas han cambiado y hay un acercamiento claro.

Clavijo ya le aseguró a la vicepresidenta Montero que el incremento presupuestario era la secreto para que las 11 comunidades que preside el PP acepten a menores trasladados desde Canarias: «Aunque sacásemos la ley con Junts, las comunidades del PP no colaborarán si no hay más fondos», le dijo. Montero contestó que la acogida a los menores migrantes es una competencia autonómica y que son las regiones las que deberían contraer el coste, según las fuentes consultadas. Pero añadió que iba a estudiar cómo podría «ayudar».

Dos semanas posteriormente, la nueva propuesta supone un gran paso. No es definitivo, pero sí, por fin, en dirección a delante.