En esta línea se ha expresado Jordi Turull, exdiputado del Parlamento de Cataluña, que ha defendido que el ‘lawfare’, una de las demandas más vehementes del partido de Puigdemont, esté incluido en la ley, concretamente en el artículo uno. Esto es lo que dice el artículo:
Artículo 1. Ámbito objetivo
1. Quedan amnistiados los siguientes actos determinativos de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias, siempre que se hubieran realizado entre 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023, así como las siguientes acciones cometidas entre estas fechas, aunque no estén directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración: (…)
2. Los actos determinantes de la responsabilidad penal, administrativa o contable amnistiados conforme al apartado 1 de este artículo serán cualquiera que sea su grado de ejecución, incluidos los actos preparatorios, y cualquiera que sea la forma de autoría o participación.
3. Los actos cuya ejecución se hubiera iniciado antes del 1 de enero de 2012 sólo se entenderán incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley cuando su ejecución finalice después de dicha fecha.
“Cuando se elabora una ley, lo que se utiliza son conceptos jurídicos. ‘Lawfare’ no es un concepto jurídico penal. Es, digamos, un concepto político. Ahora bien, si nos fijamos en el artículo 1, apartado a, veremos que todos “De ellos se han incluido aquí los hechos”. Estas han sido las palabras de Turull, y este es el apartado 1.a al que se refiere:
a) Los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o buscar la secesión o la independencia de Cataluña, así como los que hayan contribuido a la consecución de dichos fines.
En todo caso, los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o malversación de fondos destinados a financiar, sufragar o facilitar la realización de cualquiera de las conductas descritas en el primer párrafo de esta letra, directamente o a través de cualquier entidad pública o privada, así como cualquier otro acto tipificado como delito que tenga el mismo fin.
También se entienden incluidas en este caso aquellas actuaciones realizadas, a título personal o institucional, con el objetivo de difundir el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares o conseguir que otras entidades públicas o privadas presten su apoyo a la consecución de la independencia de Cataluña.
Asimismo, se entenderán incluidos aquellos actos, vinculados directa o indirectamente con el llamado proceso independentista desarrollado en Cataluña o con sus líderes en el marco de dicho proceso, y realizados por quienes, de manera manifiesta y acreditada, han prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo. , representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas a que se refiere el primer párrafo de esta letra, o haber recabado información para estos fines.
Sin embargo, contrariamente a lo que afirma el partido catalán, ese artículo -que podéis leer íntegro en el siguiente enlace- sólo habla de causas relacionadas con la impugnación al Estado por los independentistas, lo que dejaría fuera a dos de los más estrechos colaboradores de Puigdemont. Se trataría de Laura Borràs, condenada por manipulación de contratos, y el abogado del expresidente de la Generalitat, que tiene un caso pendiente relacionado con el tráfico de drogas.