Por ello, el PSdeG presentó una serie de iniciativas ante el Parlamento de Galicia, y pide a la Xunta que abra una investigación y puso todos los medios necesarios para “ir hasta el final y esclarecer radicalmente” lo ocurrido. “La Xunta de Galicia es quien tiene la responsabilidad de velar por la seguridad, la salud y el bienestar” de las personas mayores y “garantizar” el correcto funcionamiento de las residencias para esta población vulnerable, añade Martín.
“Esta no es la primera vez que se reportan hechos similares”advierte y denuncia que “cuando se realizaron las pertinentes investigaciones sobre el funcionamiento de las residencias durante la pandemia, la Xunta se puso del lado de las empresas y no de los vecinos y sus familias”.
El representante del PSdeG también observa que un informe de 2021 elaborado por gestores de residencias de mayores muestra que Galicia es la comunidad autónoma con peor porcentaje de plazas públicas en centros de mayores, con un 41% frente a un 62% en el conjunto del Estado. Asimismo, señala que gran parte de los lugares considerados públicos son en realidad administrados por empresas privadas a través de diversos mecanismos de privatización.
La Consellería asegura que no facilitó los datos
El Departamento de Política Social rechazó las acusaciones de una supuesta filtración sobre las fechas de las inspecciones de los centros de mayores y alega que estas denuncias “carecen de veracidad absoluta”. La asociación Agiss, de inspectores de servicios sociales, denunció la supuesta filtración de fechas de inspección a residencias de mayores.
Politica social “Él niega rotundamente las acusaciones.señaló en un comunicado de la citada asociación que considera “muy graves” y que fueron realizados “sin ningún tipo de prueba”.
Según el citado departamento de la Xunta, “no se da ningún tipo de comunicación a la dirección de los centros” sobre la inspección, algo que “corrobora que se siguen abriendo expedientes sancionadores cuando se encuentran cuestiones contrarias a la normativa”. y concluye que “si hubiera advertencias, no habría sanciones”.