Un crimen como el ocurrido en Barbate era poco que, desgraciadamente, entraba en el interior de lo posible en una de las zonas más calientes de Europa en lo que a tráfico de drogas se refiere: el ribereño de la provincia de Cádiz. Las organizaciones criminales, excepto durante algunos periodos de apaciguamiento forzoso por sensación de la presión policial, se han mostrado cada vez más agresivas y descaradas. Encima, la prohibición de las narcolanchas y el hecho de que su mera posesión acarreara un delito de contrabando ha hecho que estas embarcaciones ligeras y sobre potenciadas con motores descomunales se hayan convertido en un aceptablemente muy preciado para los traficantes del Prieto.
Una narcolancha sin carga, con tres tripulantes, huyendo, durante una persecución con la Municipal Civl
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Así como ayer de la prohibición una narcolancha o pegamento, como se le conoce en el argot de la zona, era una útil que, excepto por pudor o por no dar pistas a los investigadores policiales, se mostraba en conocido sin que pasara cero ni pudiera incautarse, desde su ilegalización son objeto de peculiar protección por las organizaciones criminales que buscan escondites donde conservarlas. Un gran número de ellas se quedan amarradas en puntos de la costa marroquí y ya no en Andalucía porque les resulta mucho más seguro. Pero eso parece estar cambiando otra vez.
Al calor de esta nueva situación, ha habido cierta proliferación de talleres clandestinos en España que, por importantes sumas de metálico, construyen planeadoras de las más sofisticadas. Las fuerzas de seguridad han desmantelado alguno de ellos, en Galicia y en Catalunya.
Por estos motivos, los patrones de estas embarcaciones, que alcanzan altísimas velocidades y que cuentan con motores muy potentes, hacen todo lo posible por excluir la narcolancha. Las planeadoras implicadas en los hechos de Barbate iban sin carga y, según diversas informaciones, se encontraban en el interior del puerto como refugio en presencia de el episodio de mar muy gruesa que reinaba en la costa y muy probablemente no salieron a zona abierta por ese motivo. La tripulación de la endeble embarcación de la Municipal Civil tenía el deber de tratar de interceptarlas e incautarlas y es por eso que se inició un dramático carrusel del sagaz y el ratón -durante el que los narcos se regodeaban de su superioridad en un ir y venir de salero chulesco-, que acabó en la tragedia que hoy conmueve al país.
Una narcolancha en mar franco, durante una persecución
Pese a todo ello, el número de planeadoras no ha disminuido e incluso proliferado de un tiempo a esta parte y por ello cobran una enorme relevancia las palabras de la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, que poco luego de las muertes de los guardias civiles hacía un convocatoria desesperado en la Condena Ser asegurando que “las narcolanchas campan a sus anchas en todos los muelles” y que lo que se está viviendo en la zona es poco infrecuente y muy arduo. Si los dueños de las embarcaciones se sienten impunes, como afirma esta representante del Empleo Conocido, es que la prevención policial no alcanza.
Dispositivo de investigación de la Municipal Civil en el sur gachupin
Los esfuerzos del Gobierno por apaciguar la zona desde 2018 han sido desiguales, e insuficientes, según varios sindicatos y asociaciones policiales, aunque no inexistentes. Hubo refuerzos de plantillas y empezaron a obtenerse resultados a partir de ese año, lo que acarreó al poco al refuerzo de los servicios de juzgados y Fiscalía. Fue la puesta en marcha del plan peculiar de seguridad de cuyos resultados dio cuenta ciertamente ayer el ministro Marlaska. La presión fue tal aquellos días de gran refuerzo que, durante un cierto tiempo, los narcos buscaron otras zonas de desembarco menos vigiladas como las colindantes provincias de Huelva y Málaga.
La venida de un peña peculiar de la Municipal Civil a la zona, conocido como OCON Sur, compuesto por unos 150 efectivos dedicados en monopolio a la represión del tráfico de drogas y en peculiar del costo procedente de Marruecos, dio buenos resultados. Sin incautación, hace poco más de un año, ese peña fue desmantelado y sus componentes destinados a otros lugares. En esta, como en otras áreas de la seguridad, el delito y la presión policial actúan como vasos comunicantes: si disminución la vigilancia, sube la narcoactividad y al revés.
La provincia de Cádiz no es un destino deseado por los funcionarios de la Policía Doméstico y de la Municipal Civil ciertamente por la belicosidad de estas organizaciones por lo que muchos solo se quedan el tiempo leve imprescindible para conseguir un traslado y eso hace que sea muy difícil la consolidación de plantillas veteranas con raíces más profundas en el condado.
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Existen, qué duda cerca de, otros componentes que inciden en este recrudecimiento del descaro y en la sensación de impunidad que denuncia la fiscal Villagómez como es la narcocultura arraigada en una parte de la población que toma como una actividad casi lúdica el asunto del tráfico de costo. Existe entre quienes de forma más o menos directa o periférica colindan con el narcotráfico en la zona la idea de que el contrabando de esta droga es más aceptablemente un “pecadillo” que un delito. De ahí los escalofriantes audios que acompañan a los vídeos de la tragedia que corren por las redes sociales en los que se oye cómo una parte del conocido en los muelles de Barbate jaleaba la conducta hostil alrededor de la Municipal Civil de los patrones de las gomas.
Todo ello contrasta con otros sectores de la población que, desde agrupaciones, asociaciones de vecinos y plataformas contra la droga, luchan para que en la zona del Campo de Gibraltar y por extensión en toda la provincia de Cádiz se ponga coto a la actividad del narco que, aunque pueda parecer lo contrario, no hace sino socavar la crematística de esos territorios y genera degradación social.
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