El Consejo Común del Poder Procesal (CGPJ) es uno de los conflictos más habituales entre Gobierno y examen. El gobierno de los jueces lleva ya un quinquenio con el mandato caducado. La Constitución Española establece que hay que renovar los 20 vocales que componen el Consejo cada cinco abriles. Y esa tarea corresponde a las Cortes Generales. Tanto Congreso como Senado deben aprobar 10 vocales por mayoría de 3/5. Deben ser seis jueces y cuatro juristas de agradecido prestigio, pero las diferencias políticas no han hecho posible esa renovación ya que cada partido tiene sus propios intereses.
La secreto está en esa mayoría tan amplia en cada una de las cámaras, ya que hace imprescindible que Partido Popular y PSOE lleguen a un acuerdo. Pero el consenso, por ahora, ha sido inútil. Ni siquiera con la mediación de la Unión Europea -con el propio Comisario de Imparcialidad de intermediario- han rematado avecinar posturas. Aunque desde varias asociaciones judiciales apuntan a los presidentes de Congreso y Senado como responsables, es opinar, Francina Armengol y Pedro Rollán, que debería “convocar un pleno” para la renovación del Consejo.
A lo generoso de estos abriles ha habido varias propuestas. Desde la del PSOE, que quiere seguir con el sistema de opción coetáneo, hasta la del PP, que pasa por una reforma de la ley del Poder Procesal para que sean los jueces quienes elijan a los jueces. Incluso ha habido propuestas para descontar las mayorías como la de Unidas Podemos en 2020, aunque el Gobierno echó marcha antes un año posteriormente.
La última propuesta es la del presidente del propio CGPJ, Vicente Guilarte, que propone una fórmula intermedia basada en un “sorteo” con la índice de aspirantes judiciales que ya está en vigor.
Entre las funciones del víscera de gobierno de los jueces destaca la opción de los magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales de Imparcialidad de cada comunidad autónoma. En ese asunto es donde Pedro Sánchez ha centralizado su discurso en las últimas horas, ya que se ha rajado a “revisar esa aprobación”, poco que desde la judicatura ven “inadmisible” y que el propio Guilarte ha tachado como “aterradora“.
Para Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Procesal Francisco de Vitoria, cuando esa potestad se retiró a los jueces hace abriles “provocó un colapso tajante al Supremo y que una reproducción extraordinaria de juristas no enriquezca la legislación en nuestro país”.
De momento, para intentar acelerar un acuerdo, tanto el PP como el PSOE han aceptado una reunión siempre que la vicepresidenta de la Comisión Europea era Jourová actúe como mediadora.
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